Hoy se realizará una nueva audiencia de seguimiento a la acción de cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Constitucional, que dio lugar al actual estado de emergencia sanitaria y ambiental en la ciudad.

Por primera vez acudirá a esta reunión el accionante de la tutela que desencadenó la situación, el abogado Rafael Leonardo Granados Cárdenas, quien insistirá no sólo en la revocatoria de la licencia ambiental otorgada a la empresa prestadora, sino en el cierre definitivo del relleno sanitario Yerbabuena.

“En su reciente visita, el Ministro de Medio Ambiente exigió que el demandante debía estar presente en este comité, porque la Alcaldía nos había dejado por fuera. De modo que es la primera citación que vamos a tener ya al final del cumplimiento de la sentencia, cuyo término es el próximo 20 de diciembre”, dijo Granados.

En este encuentro, explicó el profesional, “se terminarán de allegar las pruebas de los incumplimientos tanto de Rediba S.A. como de la CAS, así como la presunta falta que habría cometido el Alcalde Darío Echeverri Serrano, al prorrogar el decreto de emergencia sanitaria”.

“Mañana es la base fundamental para tomar la decisión de cerrar el relleno sanitario y por eso haremos aporte de material probatorio”, subrayó el accionante.

En contexto, la próxima semana se cumplirán dos meses desde el día que la Fiscalía le dictó medida de aseguramiento a Liliana Forero Cala, quien fungía como gerente de Rediba S.A., tras imputarle los delitos de fraude procesal, daños a recursos naturales, contaminación ambiental, ocultamiento y destrucción de material probatorio e invasión a propiedad privada.

Emergencia prorrogada

Dos años completó la declaratoria de emergencia sanitaria y ambiental emitida por la Alcaldía de Barrancabermeja para permitir la continuidad de la operación del relleno sanitario Yerbabuena, propiedad de la empresa Rediba S.A. Inicialmente, dicha declaratoria iba desde el 7 de abril y debía durar 180 días, es decir, seis meses. Sin embargo, pese a que el alcalde Darío Echeverri Serrano aseguró que después de ese día no se podría seguir disponiendo una tonelada más de basura en el sitio, prorrogó la declaratoria hasta que la Corporación Autónoma de Santander decida si cierra el relleno sanitario o si permite su funcionamiento.

VANGUARDIA