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domingo, febrero 17, 2019
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¿Qué pasa si la ANI caduca la concesión de una de las vías más importantes para el desarrollo del país?

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Ante la eventual decisión de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), de caducar la Concesión Aliadas para el Progreso “Santana – Mocoa – Neiva”, encargada de construir más de 456 kilómetros de vías 4G en el sur del país, muchos colombianos se preguntan cómo fue que se llegó a este punto y cuáles serían las consecuencias de dicha decisión.

A este punto se llegó cuando ICA de México, el socio principal de la Concesión, y ALCA, empresa cuya máxima accionista es Alicia Naranjo, consuegra del expresidente Santos, se declararon sin la capacidad económica de seguir en el Proyecto. Allí el empresario, Carlos Alberto Solarte, quien también era socio de esta, decidió asumir por insistente solicitud de la ANI toda la responsabilidad de la obra, sin contar que días después de haber sido aprobado en el papel todo el financiamiento por parte de los bancos, este le sería negado a los nuevos socios mayoritarios debido al estallido del escándalo de Odebrecht en Colombia, y se quedarían sin recursos de financiación para ejecutar las obras.

Aun así y confiando en que todo saldría bien, los Solarte pusieron en una fiducia que sería administrada exclusivamente por la ANI, 320 mil millones de pesos como prenda de garantía. Ese dinero continúa actualmente en poder de la ANI. Hoy el Proyecto que debería ir en más de un 50% de avance, va solo en el 5%.

¿Qué piden los Solarte?

Tiempo y/o que los dejen ejecutar un plan remedial propuesto por ellos. Los Solarte aseguran tener la capacidad de conseguir en menos de nueve meses un inversionista con el músculo financiero suficiente y con la intención de hacerse cargo de esa Concesión y sacarla adelante sin más retrasos. El plan remedial propuesto consiste en que les permitan usar 107 mil millones de pesos de los 320 mil que tienen ellos hoy en la fiducia de la ANI para avanzar en señalización, compra de predios, operación y mantenimiento de la vía, mientras consiguen el nuevo inversionista. Se aclara y reitera que ni la ANI, ni INVIAS, ni el Ministerio de Transporte están en capacidad legal de hacer uso de ese dinero como lo ha dicho la Ministra Ángela María Orozco.

¿Qué dice el gobierno?

Que la obra ya lleva casi dos años de atraso, que no acepta el plan remedial propuesto por los máximos accionistas de la Concesión, que no puede esperar más, que no es seguro que los Solarte vayan a conseguir el socio inversionista y en el tiempo que piden y que por eso lo mejor es caducar la obra y abrir una nueva licitación.

¿Qué pasa si caducan Aliadas para el Progreso?

En primera medida, esta importante obra para el desarrollo de tres departamentos Huila, Cauca y Putumayo, en términos generales para todo el sur el país, sufriría un atraso de por lo menos cinco o seis años en el mejor de los casos, y no de menos de dos como afirma el Viceministro de Infraestructura Manuel Felipe Gutiérrez. La razón de esto según especialistas en derecho administrativo es que, para empezar, la primera fase del proceso de caducidad se tardaría cerca de seis meses, y de allí, una vez cumplida esta etapa, los Solarte podrían acudir a un recurso de reposición con lo cual el camino se extendería hasta por un año. Una vez ya en firme la caducidad, los Solarte podrían demandar el acto administrativo de caducidad ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa para cuestionar la legalidad del mismo. Proceso que podría durar dos años. Hasta aquí, tres años perdidos.

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Una vez terminado este camino y si los demandantes no están de acuerdo con el fallo final, pueden demandarlo ante el Consejo de Estado, que en promedio, se demora seis años en resolver cada caso.

En pocas palabras, de caducarse la Concesión Aliadas para el Progreso, hasta 10 años podría tardarse la ANI en poder abrir una nueva licitación para esta misma obra, y de ahí se empezaría a contar el tiempo que todo ese trámite legal requiera, entre lo que incluyen largos procesos administrativos, nuevos diseños para las obras, etc.

Todo este detrimento para el país sería, sin contar además, la pérdida de 2.6 billones de pesos de vigencias futuras ya asignadas por el Ministerio de Hacienda, un enorme pérdida para todos los colombianos. ¿Estará dispuesto el gobierno nacional a asumir toda esta responsabilidad?

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