Esto porque las casas, ubicadas en cinco barrios de ese centro poblado santandereano, están situadas muy cerca de la vía férrea por la que hoy transita el tren, al menos, tres veces a la semana.
“Yo tengo 17 años de estar viviendo aquí. Hicieron una reunión esta semana para decirle a la comunidad que vive a orillas de la vía férrea que toca desalojar a como de lugar”, dijo Willington Ruidíaz, uno de los afectados.
La reunión, que se produjo el pasado miércoles en la tarde, fue convocada por la Alcaldía y asistieron representantes del Concejo, de la comunidad y de la firma Íbines, que tiene bajo su cargo el corredor férreo La Dorada – Chiriguaná, que pasa por Puerto Wilches.
“La casa mía está ubicada más o menos a seis metros de donde pasa el tren. Aquí hay muchos niños y la verdad es que esa locomotora a veces pasa rápido, no toma precauciones”, indicó Ruidíaz.
Miryam Coronel, habitante del barrio 12 de octubre en Puente Sogamoso, dice que hace 30 años vive en una de las casas que está cerca de la vía férrea.
“Yo no tengo más para dónde irme, ni tengo plata. Yo no estoy de acuerdo en lo que el Estado nos vaya a hacer. Aquí ya colocaron el gas natural y yo voy para los 60 años”, dijo la afectada.
Responsabilidad
Esta semana se dio una reunión para tratar de aclarar la situación en la que se encuentran 200 viviendas ubicadas muy cerca del corredor férreo La Dorada – Chiriguaná, en Puerto Wilches.
En dicho encuentro, se dio a conocer que hay un fallo del Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Barrancabermeja, en el que se ordena que se haga una caracterización de los habitantes del corredor férreo por parte de la Alcaldía, ente que también es responsable de la restitución y desalojo de este terreno.
Por su parte, el Consorcio Íbines aclaró que dentro del objeto contractual que le atañe no está hacer gestión para reubicar las ocupaciones ilegales sobre la vía férrea.
VANGUARDIA
